La política de ajuste del gobierno de Javier Milei se manifiesta con una crudeza implacable en la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) durante los primeros ocho meses de 2025. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), al que tuvo acceso Tendencia de Noticias, revela una "caída real del gasto total del orden del -31% respecto a 2023", reflejando un recorte significativo y generalizado que impacta en áreas esenciales para la ciudadanía, desde la salud y la educación hasta la seguridad social y la obra pública. Este escenario contrasta drásticamente con el "aumento del 23% en la ejecución de la Secretaría de Inteligencia del Estado" y el peso persistente de los Servicios de Deuda Pública, que aún representan "el 9% sobre el gasto total".
El análisis, que compara la ejecución presupuestaria actual con la de 2023 para mitigar el "efecto de base" generado por el ajuste de 2024 y considerando montos deflactados a valores constantes de agosto de 2025, traza un panorama de virtual paralización en múltiples funciones del Estado.
Al desagregar por función, se observa una notable caída en la mayoría de los rubros. Sobresalen las "fuertes disminuciones en la finalidad Servicios Económicos (-70%)", que engloban Comunicaciones (-81%), Industria (-83%), Comercio, Turismo y Otros Servicios (-85%) y Energía, Combustibles y Minería (-74%).
Los Servicios Sociales no han sido menos afectados, registrando "caídas significativas" en Vivienda y Urbanismo (-99%), Agua Potable y Alcantarillado (-95%), Promoción y Asistencia Social (-71%), Educación y Cultura (-47%), y Ciencia, Tecnología e Innovación (-45%). Incluso la Seguridad Social, que pese a su "muy elevada incidencia en el gasto total" del 58%, experimentó un recorte del -9%.
El sector de la salud es uno de los más golpeados por esta política de contracción. De acuerdo al CEPA, se observan "recortes profundos en salud" que afectan a la Superintendencia de Servicios de Salud (-56%), hospitales nacionales (con caídas de entre -30% y -38%), el Instituto Malbrán (-26%) y la ANMAT (-27%). Programas considerados "críticos de atención sanitaria y prevención de enfermedades presentan caídas de hasta -100%".
Ejemplos concretos de esta parálisis incluyen los programas "Atención Sanitaria en el Territorio y Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles, ambos con una caída del 100%". Otros programas vitales como Prevención de Enfermedades de Patologías Específicas disminuyeron un 89%, y Prevención de Enfermedades Endémicas un 74%. Incluso el programa de Respuesta al VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra retrocedió un 34%. La única excepción positiva es "Acceso a Medicamentos y Tecnología Médica, que presenta un incremento del 41%". En un caso particular, el Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte, sobre el que el gobierno manifestó intenciones de cierre, sufrió un ajuste del 35% interanual.
La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia sufrió una drástica reducción del 72%. En programas de desarrollo social, la situación es aún más alarmante: "Economía Social y el Plan Nacional de Protección Social no registraron ejecución, con caídas del 100%". El Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia retrocedió un 89%, y los Comedores Comunitarios y Merenderos disminuyeron un 74%. La Prestación Alimentar, crucial para la seguridad alimentaria, cayó un 32% en términos reales.
El ámbito educativo no escapa a esta tendencia. Dos programas emblemáticos, "Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente, cuya finalidad era complementar y nivelar el salario docente entre provincias, ambos con una caída del 100%". El Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles cayó un 88%, la Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes un 77%, y las Acciones de Formación Docente un 79%. El financiamiento universitario, a través del programa Desarrollo de la Educación Superior, retrocedió un 30%. Instituciones culturales como la Biblioteca Nacional 'Doctor Mariano Moreno' (-49%) y el Instituto Nacional del Teatro (-61%) también fueron severamente recortadas.
El sector de Ciencia y Tecnología enfrenta una "virtual paralización" en programas clave. El Programa de Promoción de la Investigación e Innovación registra una "caída del 83% del gasto". Organismos como la CONAE (-40%), el CONICET (-29%), el Servicio Geológico Minero Argentino (-32%) y el Servicio Meteorológico Nacional (-23%) muestran fuertes ajustes.
En desarrollo productivo, los recortes son significativos y generalizados, afectando a la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo (-76%), el INTA (-37%) y el INTI (-44%). El sector energético también sufre, con la Comisión Nacional de Energía Atómica (-39%) y la Autoridad Regulatoria Nuclear (-10%) registrando caídas. Estos ajustes en energía nuclear son "resaltados dada la mención del presidente a un supuesto 'Plan Nuclear Argentino'".
La ejecución en transporte y obra pública es "extremadamente baja", con caídas que van del 89% al 100%. Programas como "Infraestructura en Municipios no registró ejecución, con una caída del 100%". Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación, así como el Desarrollo de la Cuenca Matanza-Riachuelo, también presentan "caídas del 100%". La Construcción de Túneles y Puentes Grandes retrocedió un 98%, y la Dirección Nacional de Vialidad experimentó una disminución del 75%.
Las transferencias del Tesoro Nacional a las provincias y municipios sufrieron "un impacto devastador". Se reportan "ajustes significativos" en Asistencia Financiera y Técnica a Municipios (-98%), Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (-100%) y Asistencia Financiera a Provincias y Municipios (-100%).
De acuerdo al documento del CEPA, incluso en áreas sensibles como la seguridad y la justicia se registraron recortes sustanciales. La Policía Federal (-32%), la Gendarmería y Prefectura Naval (-29%), el Ejército (-17%), la Armada (-20%) y la Fuerza Aérea (-21%) sufrieron importantes disminuciones. En Justicia y Derechos Humanos, el Banco Nacional de Datos Genéticos sufrió un recorte del 56% y el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos una caída del 84%.
En medio de este escenario de drásticos recortes, emerge un contraste notorio. La "Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia de la Nación, incrementa su ejecución un 23% respecto a 2023". Por otro lado, aunque el "Servicio de la Deuda Pública" mostró una caída del -39% en su ejecución real con respecto a 2023, su peso sobre el gasto total sigue siendo "relevante del 9% sobre el gasto total".
En síntesis, el CEPA adujo que la Administración Pública Nacional atraviesa un proceso de "reducción marcada de su ejecución presupuestaria, afectando programas clave de salud, educación, desarrollo social, transporte y obra pública". La "magnitud de los recortes en programas de impacto social y productivo plantea un escenario de alta preocupación respecto a la continuidad de políticas públicas esenciales en un contexto económico desafiante". El informe subraya que esta política de ajuste no solo redefine las prioridades del Estado, sino que también genera un "desafío crítico para la sostenibilidad de programas esenciales en un contexto económico adverso".